El conductor del bus accidentado con 41 funcionarios se sienta mañana ante el juez

El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz comenzará mañana el juicio contra el único acusado por el accidente de circulación ocurrido a las 15.30 horas del 20 de junio del año 2005, cuando un autobús de línea regular de transporte de viajeros con 41 personas en su interior, la mayoría de ellos trabajadores de la Junta de Extremadura en Mérida, se salió de la calzada en una curva a la entrada de Talavera la Real. El accidente ocurrió a 20 kilómetros de Badajoz. El vehículo fue a caer por un terraplén, con el resultado de dos personas muertas, una en el siniestro y otra después de hospitalizada, y otras 30 heridas.

Por este suceso se sienta mañana en el banquillo del conductor del vehículo, de cuyas acciones el ministerio fiscal considera responsables subsidiarias a la empresa de transporte Leda y a la de seguros Mercurio, que deberán afrontar, en caso de que el juez estimase la petición del fiscal, la cantidad de 600.000 euros de indemnizaciones.

Una parte de ese dinero será para las familias de las dos personas fallecidas y otra para las que resultaron lesionadas, cada una de ellas en diferentes cantidades conforme a la cercanía en el parentesco de quienes murieron, --93.000 euros para los padres y 42.000 para los hermanos-- y, el resto para los heridos, dependiendo de la gravedad de las lesiones sufridas.

ACUSACIONES El Fiscal acusa al conductor del autobús en su escrito de calificaciones provisionales de dos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y de otros 25 de lesiones imprudentes graves. Por ellos solicita una condena total que asciende a cuatro años de prisión, como responsable penal de dichos delitos, además de la retirada del carné de conducir por un periodo de seis años, y de las mencionadas indemnizaciones.

La acusación que plantea el ministerio público, compartida parcialmente por las acusaciones particulares, se basa que el autobús circulaba, presuntamente, a mayor velocidad de la permitida en ese tramo, que era de 40 kilómetros por horas, mientras que según los datos recogidos en el tacómetro y los estudios que han llevado a cabo los técnicos y expertos de la Guardia Civil, el vehículo iba a 97 kilómetros por hora.

Ese exceso de velocidad es el que da pie a la acusación para plantear los delitos de homicidios por imprudencia y los de lesiones, mientras que la defensa y representaciones de las empresas plantean que se produjo un fallo en los frenos del autobús.

Tras el accidente, el vicepresidente de la Junta en esa fecha, Ignacio Sánchez Amor, manifestó poco después del accidente que el autobús había pasado la ITV un mes antes y que el conductor había cumplido los turnos de descanso durante el fin de semana.

DOS FALLECIDAS En el accidente fallecieron dos trabajadoras de la Junta de Extremadura: Isabel Herrerías, de Torrefresneda, de 36 años y vecina de Badajoz, y María Carmen Ardila, vecina de Talavera, de 43 años, una en el siniestro y la otra tras ser ingresada en el Hospital Infanta Cristina. De los 30 heridos, ocho tuvieron que permanecer ingresados en ese mismo centros hospitalario hasta que fueron recibiendo el alta médica.

Para el juicio se han llamado a declarar a los pasajeros del autobús, a familiares de las mujeres fallecidas y a los peritos.