Cuatro policías locales de Badajoz son juzgados desde este martes por agresión y allanamiento

Solo un acuerdo, que se está negociando ‘in extremis’ y que no será fácil alcanzar, evitaría que cuatro policías locales de Badajoz se sienten a partir de hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial. Los agentes están acusados de irrumpir en una vivienda de Valdepasillas y agredir a sus inquilinos la madrugada del 30 de mayo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia. 

La fiscalía y las acusaciones particulares solicitan 23 años de cárcel para ellos, mientras que las defensas piden su absolución. A los policías locales se les imputan los delitos de allanamiento de morada, agresión, detención ilegal, lesiones, falsedad documental, denuncia falsa y falso testimonio.

Las partes se reunieron este lunes para tratar de llegar un acuerdo antes de la vista - que se ha señalado para tres días- pero, al cierre de esta edición, no se había logrado. Según fuentes consultadas, aunque no se ha descartado definitivamente, en principio, parece «complicado» alcanzar una conformidad.

En su escrito de calificación, el ministerio público sostiene que minutos después de las cuatro de la madrugada del 30 de mayo, agentes de la Policía Local de Badajoz se personaron «por iniciativa propia» a un piso de la calle Francisco Vera, en cuyo interior había en ese momento cinco personas, al apreciar «posibles molestias a los vecinos» por ruido. Según el relato de la fiscalía, la puerta la abrió el inquilino de la vivienda, que la tenía alquilada junto a su pareja y que se encontraban con tres amigos más. Los policías les solicitaron los DNI para denunciarlos, pero el primero se negó a facilitárselo, aduciendo que estaba en su casa. En ese momento, los agentes le advirtieron de que serían sancionado doblemente: por las molestias y por su negativa a identificarse.

Tras el aviso, se marcharon, sin que se produjera ningún incidente. Pero, según el fiscal, poco más de una hora después, dos de los policías volvieron al piso de la plaza Francisco Vera, acompañados esta vez por un oficial y otro compañero. El oficial requirió el DNI al inquilino, que le replicó que no lo tenía y cuando se disponía a cerrar la puerta, el primero la «empujó e irrumpió violentamente en el interior de la vivienda», a la que accedió seguido por los otros tes agentes «sin autorización ni orden judicial ni consentimiento habilitante del morador y sin que mediara delito flagrante alguno».

Grabaciones de vídeo

La situación fue grabada en vídeo por la pareja del inquilino desde el pasillo, en el que se produjo un presunto forcejeo entre los policías locales y las personas que estaban en el domicilio. El ministerio público asegura que el arrendatario fue «derribado y golpeado» y que los agentes «llegaron a rasgar y romper sus ropas», que también «zarandearon y golpearon» a su pareja cuando esta intentó defenderlo. El varón presuntamente agredido llamó a la Policía Nacional para pedir auxilio, pero no contó el incidente con los policías locales, sino que estaba sufriendo un asalto con palos en su vivienda.

Tras la llamada al 091, se produjo un nuevo forcejeo entre los agentes y los ocupantes del piso. Según la fiscalía, el inquilino fue detenido y «arrastrado hasta el rellano», donde los agentes «emplearon una agresividad desproporcionada para reducirlo», pese a tratarse de una persona que sufre una enfermedad neurológica degenerativa. Como consecuencia de los golpes recibidos, ambos sufrieron lesiones que tardaron en curar 180 días y que les dejaron como secuela estrés postraumático moderado. La casa sufrió desperfectos valorados en 510 euros.

Tras se atendidos en el hospital, el hombre y su pareja fueron trasladados en calidad de detenidos a la comisaría de la Policía Nacional, donde, según el escrito de la fiscalía, los agentes en su comparecencia cambiaron «sustancialmente la realidad de lo sucedido para tratar de justificar su ilícita intervención» y manifestaron que habían actuado ante un «supuesto delito flagrante y en auxilio de alguien que reclamaba su ayuda a voces desde el interior de la vivienda». 

La denuncia de los policías locales contra los inquilinos se sobreseyó en el Juzgado de Instrucción y la decisión no fue recurrida. Las defensas de los acusados, que alegan que sus representados actuaron conforme a su deber, solicitaron que el juicio contra ellos fuese con jurado popular, como establece el artículo 1 de la Ley del Jurado en cuanto a los delitos cometidos por funcionarios en el desempeño de sus cargos, pero su petición no fue admitida.

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