Ultiman un pacto para los policías locales de Badajoz acusados de allanamiento y agresión

Aún faltan flecos por cerrar, pero tres de los cuatro policías locales de Badajoz acusados de allanamiento de morada y agresión podrían evitar el juicio tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y las defensas. El cuarto, un oficial, de momento, no habría alcanzado ningún pacto. 

No es la primera vez que las negocia ‘in extremis’ antes de que se enjuicien estos hechos, ocurridos en 2020, en pleno confinamiento por la pandemia. Ya en septiembre, cuando estaba previsto el juicio, las conversaciones se mantuvieron hasta minutos antes de la vista en la Audiencia Provincial de Badajoz, aunque finalmente no fructificaron. Entonces no llegó a celebrarse el juicio, ya que la enfermedad de uno de los abogados de la defensa obligó a suspenderlo. Se aplazó a este miércoles, 7 de febrero.  

Las partes se muestran cautas y no confirman si existe este acuerdo parcial. Según ha podido saber este diario, lo que contemplaría es una pena 2 años y 6 meses de prisión y dos años de inhabilitación profesional para los tres agentes. Para el oficial, la condena que se plantea sería de 6 años de cárcel, razón por la que en su caso no se habría llegado a la conformidad, ya que tendría que ingresar en la cárcel.

En sus escritos de calificación provisionales, la fiscalía y las acusaciones particulares solicitaban 23 años de prisión para los cuatro policías locales por los delitos de allanamiento de morada, agresión, detención ilegal, lesiones, falsedad documental, denuncia falsa y falso testimonio. Mientras, las defensas pedían su absolución.

Los agentes están acusados de irrumpir en una vivienda de la calle Francisco Vera, en Valdepasillas, y agredir a sus inquilinos la madrugada del 30 de mayo de 2020. En su relato, el ministerio público sostiene que poco después de las cuatro de la madrugada de ese día, la Policía Local acudió «por iniciativa propia» al piso de los demandantes, en el que ese momento se encontraban cinco personas, porque se estaban causando «posibles molestias» a los vecinos. 

La puerta de la vivienda, según el fiscal, la abrió el inquilino de la vivienda, que la tenía alquilada junto a su pareja, que estaban con tres amigos más. Los agentes les pidieron el DNI para denunciarlos, pero se negó alegando que se encontraba en su domicilio, por lo que le advirtieron de que se le interpondrían dos sanciones: una por los ruidos y otra por no identificarse. Los policías se marcharon entonces, sin que se produjera ningún altercado.

Los presuntos hechos

Tras el aviso, se marcharon, sin que se produjera ningún incidente. Pero, según el fiscal, poco más de una hora después, dos de los policías regresaron al piso del denunciante, en esta ocasión junto a un oficial y otro compañero. El oficial pidió el DNI al inquilino, que contestó que no lo tenía y, cuando se disponía a cerrar la puerta, el primero la «empujó e irrumpió violentamente en el interior de la vivienda», en la que entró seguido por los otros tres agentes «sin autorización ni orden judicial ni consentimiento del morador y sin que mediara delito flagrante alguno».

La pareja del inquilino grabó con el teléfono móvil lo ocurrido desde el pasillo, donde hubo un supuesto forcejeo entre los policías y las personas que se encontraban en la vivienda. Según el fiscal, el arrendatario fue «derribado y golpeado», los agentes «llegaron a rasgar y romper sus ropas» y también «zarandearon y golpearon» a su pareja cuando intentó defenderlo. 

El inquilino llamó a la Policía Nacional para pedir auxilio, pero dijo que estaba siendo asaltado, sin referirse al altercado con los agentes. Tras esa llamada, supuestamente hubo otro forcejeo y el denunciante fue detenido y «arrastrado hasta el rellano», donde los agentes «emplearon una agresividad desproporcionada para reducirlo», pese a tratarse de una persona con una enfermedad neurológica degenerativa. A causa de los golpes, ambos sufrieron lesiones y estrés postraumático moderado. Además, en la casa se causaron daños por valor de algo más de 500 euros.

La pareja fue atendida en el hospital y después trasladada a la comisaría de la Policía Nacional en calidad de detenidos. Según el ministerio público, en su comparecencia para dar cuenta de los hechos, los policías locales modificaron «sustancialmente la realidad de lo sucedido para tratar de justificar su ilícita intervención» y sostuvieron que habían actuado ante un «supuesto delito flagrante y en auxilio de alguien que reclamaba su ayuda a voces desde el interior de la vivienda». La denuncia de los agentes contra los inquilinos fue archivada.

 Las defensas, por su parte, mantienen que los acusados actuaron conforme a sus deber, máxime teniendo en cuenta que cuando sucedieron los hechos estaba decretado el estado de alarma.