El alcalde de Oliva de la Frontera niega desvío de dinero para compensar la subida del agua

Las devoluciones de dinero a los vecinos para compensar la subida del recibo del agua se realizaron con «fondos propios» del ayuntamiento y no se desviaron partidas de las subvenciones concedidas por el Consorcio Provincial de Gestión Medioambiental, Promedio, para obras, que se «ejecutaron, acabaron y pagaron». 

Es lo que ha asegurado este martes el alcalde de Oliva de la Frontera, Juan García Torres, del Colectivo Independiente Olivero (CIO), en la primera sesión del juicio que se sigue contra él y el exarquitecto municipal en la Audiencia Provincial de Badajoz. La fiscalía solicita para el primero 4 años y seis meses de prisión y 15 años de inhabilitación por un presunto delito de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación administrativa, así como el reintegro de más de 58.000 euros a las arcas municipales. Para el segundo, solicita 20 meses de cárcel por falsedad de documento público.

García Torres ha explicado que, tras la «crispación» que generó la subida de la tasa del agua en la localidad en 2013, después de que Promedio se hiciera cargo de la gestión del servicio de abastecimiento de agua y de la recogida de basura y se actualizaran las tarifas, se mantuvieron reuniones con técnicos de este consorcio, de la diputación y del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), con cuyo visto bueno se acordó que el ayuntamiento asumiría parte de ese incremento para reducir la factura de los vecinos, hasta que se elaborara una nueva ordenanza municipal.

"Cada cosa fue a su sitio"

«Ellos (en referencia a los organismos provinciales) estaban al corriente de todo», ha afirmado el alcalde, quien ha asegurado que «en la vida se me pasó por la imaginación que estuviera cometiendo una ilegalidad», pues, además, todo el proceso contó con la supervisión del interventor y el secretario municipal. García Torres insistió en que, aunque el ayuntamiento olivero tenía un déficit de más de 3 millones de euros, disponía de fondos propios para asumir el sobrecoste del agua (unos 52.000 euros) sin recurrir a las subvenciones de Promedio, que se destinaron a las obras previstas «sin ninguna duda». «Cada cosa fue a su sitio», ha sostenido.

La misma versión ha mantenido el interventor municipal en ese momento, que ha declarado por videoconferencia: «Las devoluciones eran de fondos propios del ayuntamiento y no tenían, hasta donde yo sé, ninguna relación con las subvenciones de Promedio», ha señalado.

En este sentido, el funcionario ha confirmado que las tres notas de reparo que había levantado se debían a que tenía «dudas» sobre la existencia de razones de interés público suficiente que justificaran las subvenciones directas a los vecinos, pero precisó que este procedimiento no tiene que prevalecer, sino que el alcalde podría tener «otro argumento legal que puede ser válido». «Esta persona actuó como creía correcto y se sentía respaldado por los organismos con los que se reunió y le aportaron soluciones», manifestó.

Por su parte, el exarquitecto municipal también declaró que las obras vinculadas al ciclo del agua que subvencionó Promedio se hicieron y que él mismo supervisó los expedientes que, según ha asegurado ante el tribunal, cuando los solicitaron en 2021 al ayuntamiento, estaban «manipulados».

García Torres fue alcalde de Oliva de la Frontera por CIO de 2011 a 2105 y en 2016 accedió al gobierno local el PSOE, que fue el que interpuso la denuncia contra ya exalcalde en 2016. En un primer momento, lo llevaron a los tribunales por presuntas irregularidades en el consistorio, una querella que se amplió posteriormente por los supuestos subvenciones ilegales y desvío de fondos.

El exconcejal de Obras, Manuel Carrasco, y la exalcaldesa socialista, Luisa Osorio, han explicado durante el juicio que tuvieron conocimiento de que el interventor había levantado tres notas de reparo y, además, según afirmaron, fue un concejal del propio CIO el que dijo en un pleno que habían utilizado la partida para obras de Promedio para rebajar la tarifa del agua, por lo que decidieron ponerlo en conocimiento del juez. Además, recurrieron a un aparejador externo que, según han señalado, concluyó que las obras financiadas con cargo a Promedio no se habían hecho, pues el informe elaborado por el secretario municipal era «un poco ambiguo», coincidieron.

"Nada que ocultar"

Sobre la posible manipulación de los expedientes, Osorio lo ha negado, pero sí ha reconocido que se había llevado una «sorpresa» cuando vio documentos que antes no estaban. «No creo que intencionadamente se hayan manipulado los expedientes, pero evidentemente si aparecen cosas, se han tenido que mover», ha dicho la exalcaldesa, quien ha defendido que han aportado todos los informes que se le han solicitado «porque no tengo nada que ocultar». 

El juicio, que se ha suspendido tres veces antes, continúa este miércoles en la Audiencia de Badajoz.