El fiscal mantiene la pena de cárcel para el alcalde de Oliva de la Frontera

Tras tres días de sesiones, el juicio contra el alcalde de Oliva de la Frontera, Juan García, del Colectivo Independiente Olivero (CIO), y el exarquitecto municipal por el presunto desvío de fondos de subvenciones del Consorcio Provincial de Gestión Medioambiental para conceder ayudas a los vecinos en el recibo del agua, ha quedado este jueves visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El fiscal, en su informe definitivo, ha mantenido la petición de penas de prisión para ambos: 4 años y 6 meses y 15 años de inhabilitación por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa para el alcalde, y 20 meses de cárcel por falsedad de documento público para el exarquitecto del ayuntamiento.

La defensa de los dos acusados, que ejerce el abogado Juan María Calero, ha solicitado su absolución.

En la última sesión del juicio, han declarado el arquitecto contratado por el equipo de gobierno del PSOE, que interpuso la demanda contra los procesados en 2016, y el perito judicial. Ambos han asegurado, a diferencia de lo testificado por el secretario municipal, el interventor y el perito de la defensa los días anteriores, que las obras que se iban a financiar con las subvenciones de Promedio en la piscina municipal, el campo de fútbol y los pisos tutelados no se habían llevado a cabo. 

"A sabiendas"

Esta tesis es a la que ha dado validez el ministerio fiscal, que ha apoyado su afirmación, además, en que los fondos procedentes del consorcio «coinciden» en tiempo y cuantía con el dinero (unos 52.000 euros) que el ayuntamiento devolvió en mano a los vecinos para paliar la importante subida de la tasa del agua a partir de 2013, cuando se hizo cargo de la gestión del servicio de abastecimiento Promedio. «Mantenemos que el dinero de Promedio no se utilizó en las obras y se empleó para las devoluciones, por lo que, si eso es así, las actas de la finalización de las obras son falsas y, por tanto, se ha alterado un documento oficial», ha argumentado.

En cuanto a la acusación de prevaricación, la fiscalía ha sostenido que el alcalde, a pesar de que el interventor había levantado tres reparos alertando de la «ilegalidad» que podría conllevar conceder esas ayudas directas a los vecinos, resolvió, de «manera manifiestamente arbitraria», disponer de caudales públicos «sin cobertura legal» y «a sabiendas» de ello.

"Pruebas falsas"

Sin embargo, la defensa considera que los informes que concluyen que las obras subvencionadas por Promedio no se hicieron no son objetivos, sino que están dirigidos, y, además, defiende que se ha demostrado que los expedientes que se utilizaron para la querella contra sus representados fueron manipulados. «Son pruebas falsas y, por tanto, absolutamente inválidas», ha expuesto, al tiempo que ha recordado que la propia exalcaldesa socialista, Luisa Osorio, en su declaración el primer día del juicio reconoció «con la mayor impunidad que se alteraron documentos».

En este sentido, ha señalado que de ese «falseamiento» se ha obtenido la principal prueba de cargo de la acusación: el informe del perito encargado por el gobierno del PSOE, a quien, según Juan María Calero, se le pidió porque el realizado por el del técnico municipal «concluía que las obras estaban hechas y no les convenía». En su opinión, esto demuestra que el único fin de llevar al alcalde a los tribunales era «político, para retirar a Juan García de la escena política», ha afirmado.

«Las obras están hechas y Promedio pagó, si no hubiera sido así, no habría pagado», insistió la defensa, que reiteró que los fondos con los que se concedieron las ayudas para el agua procedían de la «caja única» del ayuntamiento, lo que podría ser una «mera irregularidad», pero no un delito penal. Asimismo, sostuvo que se tomó la decisión de concederlas mientras se elaboraba la ordenanza y que el alcalde estuvo respaldado «jurídicamente» por Promedio, el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), la diputación, además de contar con la supervisión del secretario y el interventor municipales. «No fue una actuación caprichosa y contraria a derecho del alcalde», que, ha dicho, no tenía «intencionalidad de beneficiar o perjudicar a alguien en concreto», sino la medida se aplicaba a todos los vecinos por igual.

"Es un complot político, yo solo intenté hacer lo mejor para mi pueblo"

Juan García

— Alcalde de Oliva de la Frontera

En su turno de palabra al final de la vista, el alcalde de Oliva de la Frontera ha reiterado ante el tribunal que había acabado en el banquillo por "un complot político" y que él solo había intentado «hacer lo mejor para mi pueblo».

«Llevamos un calvario de 8 años por algo que a día de hoy volvería otra vez a certificar, porque las obras están hechas», ha añadido el exarquitecto, que insistió en que son víctimas de una «trama» en la que se han «manipulado vilmente documentos para quitar del medio al alcalde y a un técnico municipal».