Extremadura reclama al Gobierno 1.400 millones de las inversiones extraordinarias del Estatuto

"Justicia, igualdad, autonomía, coordinación y solidaridad". Son los principios que defenderá Extremadura ante la esperada reforma del sistema de financiación autonómica. Lo ha dicho este jueves en el pleno de la Asamblea la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que apremia al Gobierno central a convocar ya la Conferencia de Presidentes para abordar el asunto de forma "urgente". "Es el Estado el que debe proponer su modelo, que en ningún caso puede suponer privilegios económicos o sociales. Esto es de todos, no solo de los catalanes. No queremos negociaciones bilaterales", ha reiterado.

En una comparecencia a petición propia, Manzano ha recordado que el sistema de financiación autonómica data del año 2009 y ha lamentado que pese a los numerosos anuncios e intentos de reforma en los últimos 15 años (en Extremadura se crearon comisiones de estudio en 2016, 2017 y 2021), a día de hoy el Estado no haya hecho "nada". En términos generales, el modelo actual prima la población, lo que según la consejera ha impedido que Extremadura reciba los recursos que necesita para financiar el coste real de los servicios. Un perjuicio que ha cifrado en 10.500 millones de euros.

De esa cantidad, 910 millones corresponderían a lo que se ha dejado de invertir del Fondo de Compensación Interterritorial, una deuda "cuantificada con aval científico", según Manzano, de acuerdo a las cantidades que llegaron en el año 2008. Otros 8.216 millones corresponderían a las diferencias en la inversión territorializada: "¿Un 18% para Cataluña frente a un 3% para Extremadura?", se ha preguntado con ironía. Y los últimos 1.400 millones de euros son las inversiones extraordinarias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Extremadura: en la disposición adicional segunda establece que el Gobierno deberá asumir inversiones complementarias equivalentes al 1% del PIB regional durante siete años para la convergencia con el resto de regiones. "Esto no se ha abordado y tenemos que exigirlo", ha clamado Manzano.

'Cesta de impuestos'

Hasta 2009, el sistema de financiación autonómica se basaba en una 'cesta de impuestos' que se cedía a las comunidades autónomas: una parte de lo recaudado por las principales figuras impositivas (IRPF, patrimonio, IVA o impuestos especiales) se quedaba en las regiones y si no tenían suficiente financiación para hacer frente a las competencias asumidas, a través de un fondo de suficiencia se cubría la diferencia. 

En 2009 se favoreció la autonomía financiera de los territorios (los porcentajes de cesión), de forma que el IRPF e IVA quedan transferidos al 50%, los impuestos especiales al 58% y otros como patrimonio, juego o sucesiones al cien por cien. Se incrementaron los porcentajes de cesión, pero a cambio los servicios básicos esenciales se nivelaron al 75% y se fijó el criterio de población como principal variable, con un peso de hasta el 97% para calcular el coste de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esto se complementó con tres fondos: el de convergencia, el de cooperación y el de competitividad, este último para las comunidades con elevado poder recaudatorio como Cataluña.

En este punto de partida, la posición de Extremadura de cara a la futura negociación se basará en tres criterios: el mantenimiento de la cesta de impuestos cedidos, aunque con modificaciones en los criterios de reparto; autonomía financiera para afrontar el coste real de los servicios, y solidaridad, "que no caridad", para "hacer justicia".

Con respecto a los impuestos, Extremadura abogará mantener los porcentajes de recaudación en los términos que están recogidos a día de hoy "porque la Hacienda estatal necesita recursos suficientes". Eso sí, abriendo un debate que según Manzano no se ha planteado con anterioridad: "¿Cómo se cede?" A modo de ejemplo, se ha referido al impuesto de electricidad: en 2021 se recaudaron 1.100 millones de euros y Extremadura, pese a ser región productora, solo percibió 23 porque el cálculo se realiza en base a dónde se consume esa energía. "Si producimos un 10%, nos quedamos un 10%", ha dicho abundando en la propuesta que ya anunció la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Con respecto a la financiación de los servicios, Extremadura pedirá que se tengan en cuenta otras variables más allá de la población, como la dispersión geográfica o el envejecimiento, parámetros que ya se ha demostrado que disparan el gasto público. Y con respecto a la solidaridad, la exigencia es "que se haga justicia" con el Fondo de Compensación Interterritorial: destinado a la convergencia entre regiones y pese a ser el único recogido en la Constitución, es el que menor dotación tiene.

Reproches del PSOE y Unidas

Tras la comparecencia de Manzano, el diputado del PP Hipólito Pacheco planteó a los grupos de la oposición un pacto para «ir de la mano» y llevar a Madrid una propuesta común. Pero lo cierto es que tanto el PSOE como Unidas por Extremadura afearon las formas del Ejecutivo, que el pasado febrero ya impulsó la aprobación de una declaración institucional conjunta, según ambos grupos, «solo para hacerse la foto». «¿Acaso se arrepienten de firmarla? Yo estoy muy orgullosa», replicó la consejera de Hacienda. 

La portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, ofreció la «lealtad» de su grupo para articular una posición común sobre la financiación autonómica, pero ya avisó que «sin enfrentar a otras comunidades ni al Gobierno de España». Desde Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos también mostró la «mano tendida» de su grupo, pero pidió un acuerdo «con luz y taquígrafos, desde la generosidad y sin trampas» en la nueva comisión que se acaba de poner en marcha.

Ambos diputados afearon al PP el dumping fiscal en las comunidades en las que gobiernan y pusieron de manifiesto la «incoherencia» del Ejecutivo extremeño al pedir un modelo que compense a los territorios más desfavorecidos pero aplicar al mismo tiempo una política fiscal que «beneficia a los ricos».

Por su parte, Vox se posicionó del lado del PP «para luchar contra las sanguijuelas separatistas», pero el diputado Javier Bravo advirtió que solo con una «visión nacional» del coste de los servicios y los impuestos se podrá garantizar la igualdad entre españoles.