Las empresas deberán contratar al 50% de los parados que formen

La Junta de Extremadura va a destinar 96,7 millones de euros al programa de inserción laboral Escala, que combinará formación, prácticas y experiencia laboral. Se trata de la nueva versión de las Escuelas Profesionales Duales de Empleo y la principal novedad es que las empresas colaboradoras se deben comprometer a contratar al menos al 50% de los parados que participen. "Serán contratos de seis meses, a jornada completa, y la Administración cubrirá todos los costes del trabajador", ha explicado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.

La puesta en marcha de este nuevo programa ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno, que este martes ha presidido el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, tras el ingreso hospitalario de María Guardiola. En la rueda de prensa posterior, Santamaría ha explicado que el decreto que regula el programa Escala se publicará en breve en el Portal de Transparencia de la Junta para que los colectivos interesados puedan hacer aportaciones antes de su aprobación definitiva.

Su objetivo es mejorar la empleabilidad de los parados extremeños alternando el aprendizaje con la formación práctica y una posterior experiencia laboral en empresas de su zona de residencia para mejorar sus posibilidades reales de reenganche al mercado laboral. Se espera que se beneficien un total de 1.548 desempleados y para la selección se tendrán en cuenta criterios como la participación anterior en programas de formación y empleo, el deseo de participar en acciones formativas, la motivación o las posibilidades reales de inserción.

14 sectores prioritarios

Los proyectos de formación deberán estar vinculados a un total de 14 sectores identificados como prioritarios: hostelería y turismo, energías renovables, economía verde y circular, construcción, tecnologías de la información y la comunicación, agroalimentario, promoción del patrimonio artístico, explotaciones agrarias ecológicas, eficiencia energética, recuperación de oficios artesanales, transformación digital, electricidad, cuidados personales a domicilio y comercio.

La duración total del programa es de 18 meses y consta de tres fases que los participantes tendrán que ir superando de forma satisfactoria para pasar a la siguiente. La primera fase es formativa, con una duración de tres meses. El alumnado tendrá derecho a percibir una beca por la asistencia al proyecto y, en caso de desplazamiento, una ayuda a la movilidad. A ella se destinarán 36 de los 96 millones de euros con que cuenta el programa: 18 millones para 2024; 14,4 para 2025 y 3,6 millones para 2026.

En la segunda fase del programa se alternará formación y prácticas con una duración de nueve meses, y una tercera en la que el alumno pasa a ser contratado por la empresa durante seis meses. "Todos los proyectos deberán contar con un compromiso de contratación del 50%, ya sean empresas privadas, autónomos o profesionales colegiados", ha reiterado Santamaría.

Se ejecutará a través de los ayuntamientos, que según el consejero serán los encargados de buscar en su área de influencia a empresas o autónomos que quieran participar y después se comprometan a contratar al menos al 50% de los participantes. Estas contrataciones deben llevarse a cabo en el plazo de tres meses desde la finalización del proyecto de formación entre los participantes que hayan superado con evaluación positiva todo el itinerario.

El programa ha sido diseñado teniendo en cuenta las necesidades del mundo rural, ya que el 47% de los parados menores de 30 años residen en localidades de menos de 10.000 habitantes y aunque ha habido un descenso respecto a hace unos años, casi el 16% de los parados de estas zonas lo son de larga duración. Así, para dar respuesta a la dispersión territorial, el cupo por proyecto se ha bajado de 15 a 12 alumnos.

Empleo con discapacidad

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital va a modificar también las bases reguladoras del programa destinado al fomento del empleo de personas con discapacidad. La primera convocatoria, que se abrirá próximamente, elevará su presupuesto de los 1,3 millones de euros actuales a tres y prevé financiar más de 200 contrataciones. 

Según ha explicado Santamaría, se van a introducir algunas novedades, entre las que destaca el Programa de Empleo con Apoyo: un «preparador laboral especializado» acompañará al empleado al propio puesto de trabajo para facilitar la adaptación. 

Serán beneficiarias de estas ayudas las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que suscriban un convenio de colaboración con la empresa que va a contratar. En cuanto a los gastos subvencionables, serán los costes laborales y de seguridad social. La ayuda máxima, señaló el consejero, será de 33.250 euros anuales por preparador laboral. 

En cuanto a la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias, la ayuda mínima se eleva de 2.000 a 4.000 euros, y el tope pasa de 8.000 a 14.000 euros. En este ámbito, se espera subvencionar más de 200 contrataciones. Y respecto a las ayudas para la adaptación del puesto de trabajo, el importe aumenta de 901 euros a 2.000 euros por cada adaptación.