El órdago de Sánchez entierra sus leyes "de consenso" ante la ofensiva del PP y el marcaje de sus socios

El “punto y aparte” anunciado por Pedro Sánchez tras su decisión de seguir al frente del Gobierno aleja los acuerdos transversales de los que dependían las grandes reformas previstas para la primera mitad de la legislatura. El PP se ha distanciado todavía más del Ejecutivo, a quien acusa de buscar un “cambio de régimen”. Un punto de quiebra ante el que redoblará su ofensiva, incluyendo movilizaciones en la calle. Los socios de investidura del espacio a la izquierda del PSOE, por su parte, se han tomado al pie de la letra el órdago y vinculan su apoyo en esta nueva fase de la legislatura a una agenda más ambiciosa con nuevas exigencias. Un refuerzo de los bloques que deja al Gobierno sin margen para sacar adelante su primer paquete normativo con leyes pensadas “para generar un amplio consenso”.

Entre las grandes medidas que amenazan ahora con quedarse en un cajón destacan la modificación de la ley del suelo, la reforma de la ley de extranjería para el reparto territorial de migrantes menores o la ley abolicionista de la prostitución, pasando por las ya de por sí complejas reformas de financiación autonómica y de las entidades locales. Normas todas ellas que requieren de acuerdos transversales. El redactado de algunas ellas incluso fue pensado para aprobarse entre los dos grandes partidos.

El Gobierno ya viró hacia una producción legislativa con iniciativas más moderadas debido a que la actual aritmética parlamentaria obliga a los equilibrios entre los socios de investidura más progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los más conservadores (Junts, PNV y CC). Asimismo, se embarcó en otras iniciativas sin tener garantizado el apoyo ni de sus socios de coalición ni de los partidos progresistas que apoyaron la investidura, como en el caso de la ley del suelo o de la abolición de la prostitución confiando en el apoyo de los populares.

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La reforma de la ley de extranjería sobre la que el Gobierno ya ha elaborado un borrador y que ha pactado con el Gobierno canario depende también del visto bueno del PP. Una reforma de este calado necesita la colaboración de las administraciones autonómicas y un consenso de los dos grandes partidos. El marco competencial autonómico dificulta el encaje, pero sobre todo se quiere buscar un consenso previo para evitar recursos de inconstitucionalidad de los gobiernos regionales de PP y Vox. Precisamente, la presencia de la formación de Santiago Abascal en varios ejecutivos autonómicos es la principal dificultad para sacarla adelante.

La modificación de la ley de suelo, que se encuentra ahora mismo en tramitación parlamentaria, cuenta con un rechazo explícito de Sumar. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el sector a la izquierda del PSOE en el Gobierno presentó una observación formal. Podemos ha avanzado su voto en contra, mientras que ERC y EH Bildu no han oficializado su posición, aun cuestionando su carácter liberalizador. En el ministerio de Vivienda se limitan a mostrar su confianza de que saldrá adelante, pero sin reclamar todavía los votos del PP.

Los populares no habían aclarado antes del órdago de Sánchez si votarían a favor, aunque se deslizaba la amenaza de que no serían el salvavidas del Ejecutivo si le fallan sus socios. Pese a que tanto la patronal como la FEMP, que presiden los populares, apoyan esta reforma, aquella amenaza toma ahora más valor que nunca.

Prórroga de enmiendas

El compromiso de eliminar las ‘golden visa’ va de la mano de esta norma, ya que la intención del Ejecutivo es materializarlo a través de una enmienda. El plazo de enmiendas remata el próximo 8 mayo y la falta de consenso apunta a que deberá seguir prorrogándose.

La ley abolicionista de la prostitución presentada por el PSOE tampoco cuenta con el respaldo suficiente del arco de la izquierda. Comenzando, nuevamente, por los socios de coalición. Dentro del espacio de Sumar hay actores como los Comuns que se oponen frontalmente. El equipo de Yolanda Díaz ya rechazó incluir esta medida en el programa de Gobierno por las diferencias internas.

El PP, por su parte, se mostró a favor en la pasada legislatura de una iniciativa en los mismos términos. ERC se abstuvo entonces para permitir su tramitación, si bien desplegó un discurso alejado al de los socialistas. El impulso de una legislación abolicionista es uno de los principales mandatos del último congreso federal del PSOE. La decisión de registrarla en este primer compás de la legislatura da cuenta de que es prioritaria para los socialistas.

Pactos de Estado

La reforma del modelo de financiación autonómica o de las entidades locales son otros de los grandes asuntos en los que el Gobierno busca un acuerdo con el PP. Por el momento, no hay una posición común dentro del principal partido de la oposición y el Ejecutivo sigue dilatando la convocatoria de foros como la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto. La FEMP reclama por su parte una reforma urgente de la financiación de las entidades locales.

Si los grandes acuerdos entre PSOE y PP ya parecían una quimera antes de que Sánchez pusiese un “punto y aparte” en la legislatura para enfocarla hacia un plan de regeneración democrática, ahora nada apunta a que puedan producirse a corto plazo. Desde el Gobierno asumen que tras escuchar las reacciones de los últimos días del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el margen de entendimiento se estrecha. Incluso en cuestiones de Estado, como la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género.