El juicio por el tiroteo en la romería de Higuera de Vargas se aplaza por la ausencia del arma

El juicio contra un vecino de Higuera de Vargas acusado de disparar e herir a un paisano durante la romería de San Isidro de mayo 2022, que se iba a celebrar este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz, se ha aplazado hasta el próximo 26 de febrero. El motivo es que el revolver que presuntamente utilizó el procesado no se ha encontrado ni en dependencias judiciales ni tampoco en Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz, donde se creía que estaba bajo custodia. Supuestamente, aún está en poder de la Policía Científica en Madrid, donde se envió para ser analizada por los expertos de balística.

El abogado de la defensa, José Duarte, ha solicitado al inicio de la vista que el arma estuviera en la sala para que su cliente, los testigos, peritos y agentes de la Guardia Civil pudieran acreditar que se trata del "objeto material del delito", pero al ir a buscarla, no ha aparecido. Tras un receso de más de media hora, el presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, ha comunicado a las partes que la Oficina Judicial estaba realizando gestiones para localizar el revolver y como lo "probable" era que se encontrase en Madrid, no quedaba más remedio que suspender el juicio.

El procedimiento habitual, según han explicado fuentes judiciales, es que, una vez se ha realizado el análisis de balística, las armas sean reenviadas de nuevo al juzgado que instruye el caso y desde este las deriven a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, en función del cuerpo que haya llevado a cabo las investigaciones, para su custodia hasta el día de juicio. Los letrados de la Administración de Justicia, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son los responsables de que esa prueba esté a disposición del tribunal y de las partes. En esta ocasión, en el proceso ha habido algún fallo.

"Creo que la sala ha tomado una solución justa, legal, obligada y, sobre todo, garantista", ha valorado Duarte tras la suspensión de la vista. Aunque el abogado ha reconocido que supone un perjuicio para las partes, testigos, peritos y, especialmente, para su defendido, que lleva en presión preventiva desde mayo de 2022, considera que el arma es una "prueba vital" en este procedimiento.

La abogada de la acusación particular, Beatriz Guiberteau, aunque ha reconocido el derecho de la defensa a solicitar que esta prueba esté en la sala, entiende que el juicio podría haber quedado visto para sentencia este miércoles, a pesar de la ausencia del arma, porque, en su opinión, con las declaraciones de los testigos y peritos hubiera sido suficiente. "Es un retraso para nosotros y un perjuicio para mi cliente", ha asegurado.

Las partes han intentado llegar a un acuerdo antes del juicio, pero no ha sido posible. No obstante, pese a que mantienen posiciones aún muy alejadas, ni la defensa ni la acusación particular descartan por completo que pueda haber un pacto antes del próximo 26 de febrero.

Las acusaciones solicitan una condena de 17 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, mientras que la defensa sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones agravado por el uso de arma de fuego y pide que se impongan a su cliente dos años de cárcel.

El abogado del acusado estaría dispuesto a admitir un delito de tentativa de homicidio, "nunca de asesinato", y con las atenuantes de reparación del daño, confesión tardía y de intoxicación por efectos de sustancias estupefacientes y alcohol, lo que supondría una condena por debajo de los 5 años.

Por su parte, la acusación particular ha calificado como "insultante" y "escandalosa" la rebaja de la pena que plantea la defensa. En este sentido, Guiberteau ha dejado claro que no modificará su calificación, si no "hay un acuerdo económico jugoso" y una condena de cárcel ajustada a la gravedad de los hechos, pues de lo contrario, lo que se trasladaría a la opinión pública es que "un intento de asesinato saldría gratis".

La abogada de la víctima y el ministerio fiscal reclaman 26.700 euros por los daños y secuelas producidos al perjudicado. De momento, el acusado ha consignado en el juzgado 5.500 euros en concepto de reparación del daño.