Luz verde ambiental a la electrificación del tramo ferroviario Mérida-Puertollano

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha formulado el informe de impacto ambiental positivo del proyecto de construcción de instalaciones para la electrificación del tramo ferroviario Mérida-Puertollano (Ciudad Real), de unos 240 kilómetros de longitud.

La resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El tramo ferroviario Mérida-Puertollano existente es de vía única de ancho ibérico sin electrificar en el que se opera el transporte de mercancías y pasajeros entre las ciudades de Puertollano y Mérida, así como el de pasajeros entre Mérida y Villanueva de la Serena y entre Mérida y Cabeza del Buey.

Está integrado dentro del proyecto del Corredor Atlántico en el ámbito de la conexión Meseta-Portugal.

Para poder atender a la integración prevista para el año 2030, el tramo se debe dotar de la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos de electrificación que permitan una operación mixta de pasajeros y mercancías.

El objeto del proyecto es equipar el tramo ferroviario Mérida-Puertollano con todos los sistemas necesarios para la electrificación de la línea a una tensión de 2 x 25 kV.

Las principales actuaciones son la instalación de una línea aérea de contacto (catenaria); la ejecución de un conjunto de subestaciones de tracción y centros de autotransformación asociados; la alimentación de las subestaciones de tracción mediante líneas de alta tensión, cuando sea necesario; y la monitorización y control del conjunto de sistemas mediante un telemando de energía.

La duración de las obras para la ejecución y puesta en servicio del sistema de catenaria es de aproximadamente 24 meses, al igual que para las subestaciones y los centros de autotransformación intermedios y finales, mientras que para las líneas de alta tensión es de nueve meses.

El proyecto se enmarca geográficamente en las provincias de Ciudad Real, Córdoba y Badajoz.

La Dirección General ha resuelto que no es necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución.