La exgerente del Sepad en Badajoz: "Me vacuné para poder seguir ayudando a los ancianos que estaban a mi cargo"

"Siempre actué en beneficio de los ancianos, por encima de mi propia vida, y me vacuné para no ser un vector de contagio y para poder seguir ayudando a la población que estaba a mi cargo". Es lo que ha defendido ante el tribunal la exgerente en Badajoz del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Montserrat Rincón, que este jueves se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial acusada de haberse inoculado contra la covid antes de que le correspondiera, aprovechando su puesto en este ente público.

El juicio por estos presuntos hechos, ocurridos el 4 enero de 2021 -en plena pandemia del coronavirus- en la residencia de mayores La Granadilla de Badajoz, ha quedado visto para sentencia. La fiscalía ha mantenido para ella la petición de una pena de 3 años y medio de cárcel y una multa de 15 meses a razón de 10 euros diarios (4.500 euros) por un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad. No obstante, en sus conclusiones finales, el ministerio público ha introducido como alternativa una condena de 2 años y medio y una multa de 5 meses con una cuota de 10 euros al día (1.500 euros) por un delito de uso de documento oficial con la agravante de abuso de cargo público, que también aplica al delito leve de estafa que le imputa, por el que pide que se le imponga otra multa de 3 meses con cuota diaria de 10 euros (900 euros).

Por su parte, la defensa de Rincón, que ejerce el abogado Rafael Gil Fernández, ha solicitado su absolución al considerar que la conducta de su clienta está "libre" de cualquier delito de falsificación de documento oficial y estafa.

Durante su declaración, la exgerente del Sepad, que presentó su dimisión 7 días después de vacunarse, ha asegurado que ni se autoincluyó ni presionó a nadie para figurar en el listado de vacunación junto a los trabajadores y residentes de La Granadilla, sino que fue el médico de Salud Pública que se encargaba de coordinar los centros asistenciales del área de Badajoz quien le dijo que tenía que hacerlo, "porque era un vector de contagio, pues él sabía que yo estaba en primera línea y estaba poniendo en peligro a los residentes", ha señalado.

Rincón ha explicado que acudió a la residencia de La Granadilla en calidad de gerente para recepcionar las vacunas y firmar los albaranes y también con la intención de vacunarse, pues su nombre aparecía en la lista, por lo que entendió que, aunque no figuraba en la relación de residentes y trabajadores que había enviado el centro de mayores a Salud Pública, "alguien" la había incluido por ser "personal esencial y estar en primera línea". La exgerente, que ha afirmado que su cargo era "de responsabilidad, pero no político", ha reconocido que antes de inocularse llamó por teléfono a la directora de Salud Pública en Badajoz para comprobar si se podía vacunar y ha afirmado que en ningún momento esta le dijo que no lo hiciera, ni que esperara a que lo consultara con su superiora directa. La primera ha declarado durante el juicio que sí le solicitó que aguardase hasta que recibiera el visto bueno, pero que cuando consiguió volver a contactar con Montserrat Rincón para decirle que no tenía autorización para vacunarse, ya se había inoculado.

La exgerente del Sepad, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado y del tribunal, no a las de la fiscalía, ha defendido que nadie se quedó sin su dosis de la vacuna porque ella se la pusiera y que no obtuvo ningún beneficio económico y "mucho menos social" por haberse inoculado.

"Documento mendaz"

Sin embargo, el ministerio público sostiene que Rincón se valió de su cargo para vacunarse sin esperar a su turno y siendo "consciente" de que la estrategia de vacunación en esa fecha no la incluía entre los colectivos prioritarios. Además, considera que realizó gestiones previas junto al médico de Salud Pública para aparecer en ese listado, que "se alteró" para que figurara su nombre al final (sin el cargo, a diferencia del resto de nombres), pese a que el primero no tenía ningún cargo que le diera potestad para autorizar su vacunación y que lo que hizo, como ha reconocido él mismo en el juicio, fue darle una opinión "personal". "Legalmente, no tenía derecho a vacunarse y para hacerlo utilizó un documento mendaz", ha argumentado.

En su declaración, este jueves el médico ha dicho no recordar si fue él quien incluyó a Rincón en la lista. La circunstancia de que no se haya podido determinar durante la vista quién puso el nombre de la exgerente del Sepad en la relación de personas a vacunar en La Granadilla es el motivo por el que el fiscal ha introducido como alternativa el delito de uso de documento falso, que rebaja un grado la pena con respecto al de las falsificaciones materiales.

Para la fiscalía, la acusada "se antepuso a las tantas personas por las que tenía que velar", pues conocía el protocolo. En este sentido, cree que el hecho de que llamara antes a Salud Pública para saber si se podía vacunar demuestra que era sabedora de la "alta probabilidad de que lo que estuviera haciendo fuese ilegal". Sin embargo, según el ministerio público, "deliberadamente" no esperó una respuesta y decidió "confundirse con los trabajadores y residentes" para inocularse una vacuna cuyo precio se estima en unos 400 euros, motivo por el que se le imputa el delito leve de estafa.

El ministerio público ha presentado como prueba una entrevista que concedió Montserrat Rincón a este diario tras su dimisión que, según el fiscal, contiene "indicios de confesión", pues en ella reconoce que "ha metido la pata" y justifica que había asumido el papel de interlocutora en la residencia de La Granadilla por estar de baja su director, cuando, según la fiscalía, este último estaba al tanto de todo lo que ocurría, pese a su convalecencia, y además había otros dos responsables en el centro que lo sustituían en sus funciones. "Rincón se aprovecha de esa coyuntura para servirse esa dosis que correspondía al director", ha señalado el fiscal.

"Vacunación ética, moral y legalmente exigible"

¿Si se vacunaban los directores de los centros asistenciales, cómo no se iba a vacunar una persona que entra y sale de todos los centros asistenciales de la provincia? Es la pregunta retórica que ha lanzado la defensa, quien ha recalcado que durante esa etapa de la pandemia la acusada visitaba a diario las distintas residencias y estuvo en "todos los centros covid". El abogado de Rincón ha defendido que como gerente del Sepad, Rincón no tenía "ningún vínculo" con la elaboración de los listados de vacunación y que si se vacunó el 4 de enero en La Granadilla, fue porque aparecía en la lista de Salud Pública -la "única oficial"- y el médico le dijo que tenía que hacerlo.

"Se vacunó para proteger a los ancianos tutelados que estaban bajo sus funciones", ha insistido Rafael Gil Hernández, quien ha defendido que "nadie se vio perjudicado por esa vacunación" y no entiende que la fiscalía hable de la existencia de un beneficio económico y social, cuando su patrocinada tuvo que dimitir "por la presión mediática".

La defensa ha asegurado la interpretación "literal" que hace el ministerio público de la estrategia establecida por Salud Pública en esa fecha es "irrelevante", pues la vacunación de Montserrat Rincón fue "ética, moral y legalmente exigible" con respecto a ese protocolo.

"Es fácil acusar a quienes en los peores momentos pandémicos de nuestra comunidad autónoma asumieron sus responsabilidades. Cuando la situación era insostenible, Montserrat Rincón tomó decisiones que, no solo no perjudicaron a nadie, sino que incluso protegieron la salud de los más vulnerables y condenar su actuación sería tanto como castigar a quienes en momentos de zozobra nacional supieron dar un paso al frente anteponiendo la salud general y pública a la singular y privada", ha señalado Rafael Gil para solicitar la absolución de su cliente.