El botellón en Badajoz: la Policía Local pone una treintena de denuncias desde enero

Hace dos sábados la Policía Local de Badajoz tuvo que desalojar un botellón de unos 200 jóvenes, muchos de ellos menores de edad, en el parque de Las Vaguadas. Los vecinos de la zona fueron los que dieron el aviso. Lo cierto es que beber alcohol en la calle y de manera económica sigue teniendo seguidores cuando llega el fin de semana. Diversos puntos de la ciudad como la Alcazaba, el parque de la Viudas o la plaza de los Alféreces se convierten, a veces, en escenario de esta práctica.

No obstante, habría que recordar que el famoso botellón ya no se permite en la ciudad. Antes de la pandemia estaba autorizado solo en la zona del ferial de Caya, delante del parque de Lusiberia, pero con el confinamiento se publicó en marzo de 2020 un decreto de alcaldía que lo prohibía definitivamente; el documento sigue en vigor. Solo se da luz verde al mismo en momentos concretos como la fiesta de Los Palomos o el Carnaval.

No obstante, los minibotellones continúan surgiendo por diversos parques de la ciudad y, en ocasiones, se convierten en más populosos de lo previsto.

Es ahí cuando interviene la Policía Local. De este modo, según los datos ofrecidos por el ayuntamiento pacense, desde que empezó este año 2024, los agentes han formulado 29 actas de denuncia por beber alcohol en la calle, un acción considerada ilegal más allá de los recintos hosteleros.

Las multas

¿Qué ocurre después de esa denuncia emitida por la Policía Local? Que el procedimiento termina en una multa que puede oscilar entre los 60 y los 600 euros. Esa sanción económica la asume el joven si es mayor de edad; pero si aún no ha cumplido los 18 años la cuantía recae en sus padres. 

Así lo recoge la Ley 5/2018, de 3 de mayo, aprobada en Extremadura, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia. En su artículo 35, donde habla de las infracciones, se explica que se considera leve el «consumo de bebidas alcohólicas en los lugares en los que esté prohibido». 

Además, la cita ley recoge igualmente en su artículo 38: «Cuando la responsabilidad de los hechos cometidos correspondiese a menores de edad, responderán subsidiariamente los padres, tutores o guardadores legales o de hecho, en razón del incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos de prevenir la comisión de infracciones administrativas que se imputasen a los menores de edad. La responsabilidad subsidiaria consiste en sufragar la cuantía pecuniaria de la multa impuesta».

Desde el Ayuntamiento de Badajoz no se especifica cuántas de esas 29 actas de denuncias han sido impuestas a menores de edad.

Badajoz fue la última en sacar esta práctica del centro de la ciudad

En septiembre del pasado año la Policía Local tuvo que desalojar otro botellón multitudinario en el llamado parque Infantil. Entonces el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, aseguró que desde el ayuntamiento no se planteaba la opción de volver a permitir estas concentraciones en ninguna zona de la ciudad con el argumento de fomentar prácticas saludables entre los jóvenes y respetar el descanso de los vecinos.

La realidad es que hasta que llegó la pandemia, en marzo de 2020, el botellón sí se permitía en Badajoz, pero solo en un área a las afueras, en el recinto ferial de Caya. Pero con el covid se emitió un decreto para prohibirlo en toda la ciudad y tal cual se mantiene.

Pero más atrás en el tiempo, habría que recordar que Badajoz fue la última de las ciudades extremeños que sacó el botellón del casco urbano. Cáceres y Mérida ya lo habían hecho previamente, y Plasencia lo tenía prohibido al cien por cien. Fue en 2016 cuando el ayuntamiento pacense aprobó eliminar esta práctica del centro. De este modo, las zonas autorizadas pasaron de tres a una. Hasta ese momento se permitía en el Paseo Fluvial, el entorno del nuevo Vivero y el recinto ferial de Caya, que se convirtió a partir de ese año en el único lugar autorizado para beber alcohol en la calle. 

Y aún más atrás, habría que remontarse a 2003 para entender el contexto. En ese año se lanzó la Ley de Convivencia y Ocio de la Junta de Extremadura. Esta normativa planteaba que los ayuntamientos debían buscar sitios concretos donde se reunieran los jóvenes para hacer botellón sin molestar. E incluía sanciones de entre 300 y 30.000 euros por beber en zonas no autorizadas.