Macrojuicio por comprar con nóminas falsas en Badajoz: 16 de los 21 condenados no irán a prisión

Un acuerdo entre las partes ha evitado este lunes que en la Audiencia Provincial de Badajoz se celebrara el macrojuicio contra los implicados en una trama de falsificación de nóminas y pensiones de incapacidad para financiar, a través de entidades de crédito, la compra de teléfonos móviles, ordenadores o bicicletas en varias tiendas de la ciudad, que posteriormente revendían a un tercero a un precio inferior al de mercado. En la causa había 28 acusados, pero siete de ellos no han comparecido ante el tribunal.

Para los 21 que sí lo han hecho, la fiscalía y las defensas (más de una veintena de abogados) han pactado la rebaja de las penas de prisión y en el caso de 16 de ellos, también su suspensión, por lo que no irán a la cárcel. Con respecto a los otros cinco, el tribunal se pronunciará en ejecución de sentencia.

Debido al gran número de procesados y letrados, han tenido que acceder a la sala por grupos para ratificar la conformidad.

El ministerio público solicitaba inicialmente para los seis ‘cabecillas’ 8 años de prisión, mientras que para el resto -el comprador de la mercancía y las personas que adquirían los bienes-, entre 1 año y 3 meses y 4 años y 6 meses. La fiscalía les imputaba un delito de organización criminal, otro continuado de estafa y uno continuado de falsedad en documento mercantil.

Tras el acuerdo con las defensas, los cargos pasaron a ser por grupo criminal, delito continuado de falsedad en documento privado y otro continuado de estafa en concurso de normas. Así, a los principales acusados se les ha condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por estos tres delitos, mientras que para el procesado por comprar la mercancía, la pena es de 2 años y 9 meses de prisión por grupo criminal y un delito continuado de receptación.

Cinco de ellos no ingresarán en el centro penitenciario, siempre que no delincan en los próximos 3 años y cumplan con el pago de la responsabilidad civil que corresponda a cada uno de ellos. En caso contrario, se revocará el beneficio de la suspensión e irán a prisión. 

Las condenas para el resto de los encausados, tras tenerse en cuenta para algunos de ellos las atenuantes de drogadicción y reparación del daño, varían entre los 21 y los 5 meses de cárcel, que 11 de ellos tampoco cumplirán, un beneficio condicionado a los mismos requisitos citados anteriormente.

El tribunal determinará en sentencia la cantidad que cada uno debe abonar en concepto de responsabilidad civil y se establecerá un calendario de pagos. 

En cuanto a los acusados que no han comparecido, la Audiencia comprobará las citaciones y, en caso de que su ausencia no se deba a un error, se dictará orden de busca y captura y se les enviará a prisión hasta que se celebre el juicio.

Los hechos por los que se ha condenado a estas 21 personas ocurrieron entre julio de 2019 y enero de 2020. En su escrito, la fiscalía sostiene que los ‘cabecillas’ operaban de manera coordinada y captaban a personas sin recursos o con problemas de drogadicción para adquirir los artículos.

Modus operandi

Uno de los miembros del grupo confeccionaba las nóminas y certificados de incapacidad falsos para dar apariencia de solvencia a los compradores reclutados, que conseguían financiación, sin abonar después las correspondientes cuotas a la entidad financiera que le había concedido el crédito. A estos últimos se les indicaba a qué establecimientos debían ir -la mayoría de las presuntas compras fraudulentas fueron realizadas en dos establecimientos de telefonía móvil y electrónica del centro comercial El Faro, aunque también hay registradas varias en tiendas de San Roque y el Cerro del Viento. - y qué productos comprar. A cambio, recibían una pequeña compensación económica.

Después, los principales acusados los vendían a un tercero, quien, a su vez, los volvía a poner en el mercado de forma directa o a través de internet.

Las defensas y la fiscalía han mantenido reuniones previas al día del juicio para tratar de llegar a una conformidad, como así ha sido. «Son muchos los acusados, cada uno con sus circunstancias personales y el ministerio fiscal ha hecho un buen trabajo individualizando las peticiones», ha valorado José Duarte, abogado de tres de lo encausados.

Pruebas "difusas"

El principal argumento de las defensas para alcanzar el pacto ha sido que tanto las investigaciones como las pruebas han quedado «muy difusas». En este sentido, Duarte ha apuntado que llama la atención que las entidades que concedieron los créditos -que no se han personado como acusación particular-, dieran por válidos algunos de los documentos aportados por los compradores, pues resultaba «obvio» en muchos casos que la documentación no era correcta. «Es difícil dar por engañadas a unas entidades que están acostumbradas a filtrar mucho para conceder un crédito, pues se entiende que no han actuado diligentemente y no han tomado las alertas que un ciudadano medio sí hubiera adoptado», ha sostenido.