Macrojuicio en Badajoz: 26 acusados por comprar con nóminas falsas en varias tiendas

A ocho años de prisión se enfrentan los seis ‘cabecillas’ de un presunto grupo criminal acusado de falsificar nóminas y pensiones de incapacidad para financiar, a través de entidades de crédito, la compra de teléfonos móviles, ordenadores, bicicletas o televisores en varias tiendas de Badajoz, que posteriormente revendían a un tercero. En la causa hay otros 20 investigados más: el comprador de la mercancía y las personas que adquirían los bienes, para los que la fiscalía pide penas de entre 1 años y 3 meses y 4 años y 6 meses de prisión.

El ministerio público les imputa un delito de organización criminal, otro continuado de estafa y uno continuado de falsedad en documento mercantil.

El macrojuicio por estos hechos, ocurridos entre julio de 2019 y enero de 2020, está previsto que se celebre del 6 al 9 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Este miércoles, la fiscalía -única acusación en el procedimiento- ha mantenido un encuentro informal con las defensas, para tratar de avanzar en posibles conformidades. Las reuniones se repetirán de manera individual la próxima semana. Si no hay acuerdo entre las partes, al menos parciales, el juicio posiblemente se prolongará más días de los señalados inicialmente.

Según el ministerio público, los seis principales acusados conformaban, al menos en el periodo en el que sucedieron los hechos, una estructura «perfectamente organizada y con división de funciones» y captaban a personas sin recursos o con problemas de drogadicción para adquirir los artículos.

Con aparente solvencia

Uno de los miembros del grupo se encargaba de confeccionar las nóminas (en algún caso del Ayuntamiento de Badajoz y en otros de empresas privadas) y certificados de incapacidad falsos para dar apariencia de solvencia a los compradores reclutados, que conseguían financiación, sin abonar después las correspondientes cuotas a la entidad financiera que le había concedido el crédito.

Siempre acudían a los establecimientos acompañados por miembros del grupo, que supervisaban la operación. Eran estos los que les indicaban a qué establecimientos tenían que ir y qué productos comprar y a cambio recibían una «pequeña comisión en metálico» por su intervención. 

El grupo los vendía después por debajo de su precio de mercado a un tercero, quien, a su vez, los revendía tanto de forma directa como a través de internet, obteniendo un beneficio en la transacción (en total unos 15.750 euros, según el ministerio público). 

Pieza clave

La fiscalía considera una «pieza clave» del entramado a este último, a quien acusa, además de pertenencia a organización criminal, de un delito continuado de receptación, pues «tenía perfecto conocimiento de la procedencia ilícita» de los artículos. Para las ventas directas, según el ministerio público, se amparaba «de modo recurrente» en el restaurante que regentaba en Badajoz.

La mayoría de las presuntas compras fraudulentas fueron realizadas en dos establecimientos de telefonía móvil y electrónica del centro comercial El Faro, aunque también hay registradas varias en tiendas de San Roque y el Cerro del Viento. Cuando no obtenían financiación en alguno de estos negocios, probaban suerte en otros. En más de una ocasión lo intentaron, pero no consiguieron su propósito.

Con este ‘modus operandi’, el grupo se hizo presuntamente con teléfonos móviles de alta gama y otros artículos por valor de miles de euros hasta que fue desarticulado por la Guardia Civil en una operación bautizada como ‘Golden Faro’, en la que detuvo e investigó a 28 vecinos de Badajoz, Mérida, Barcarrota y Córdoba.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita que los seis principales acusados indemnicen con 65.000 euros a las entidades financieras perjudicadas, mientras que el resto tendrá que responder de las cuantías defraudadas por cada uno. Al presunto receptador de la mercancía le reclama 15.750 euros.