Expertos "de máximo nivel" preparan la ley para sustituir a los 15.000 funcionarios de la Junta que se jubilan

Una comisión de expertos juristas "de máximo nivel" preparará el camino para sustituir a los 15.000 funcionarios de la Junta de Extremadura que se jubilan con horizonte al 2030. En los próximos seis años la Administración regional renovará al 25% de su plantilla, el 61% en 2040, y para afrontar ese "gran reto" la Consejería de Hacienda y Administración Pública acometerá una profunda renovación de toda la normativa que regula la Función Pública extremeña.

"Tenemos que estar preparados para garantizar la transferencia de conocimientos entre los empleados públicos", ha señalado este lunes en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que aboga por afrontar estas jubilaciones masivas como una oportunidad para reestructurar y "ver dónde están las necesidades reales".

Los nombres elegidos para esa comisión de expertos son Carmen Bravo Díaz, magistrada especialista en Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx); el abogado del Estado Juan José Torres Ventosa y el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura (Uex) Pedro Brufao Curiel. Su cometido será analizar toda la normativa actual y después elaborar un informe de propuestas para actualizar la Ley de Función Pública. El objetivo es que ese informe esté listo a finales de este año para poder contar con la nueva ley a lo largo de esta legislatura.

Reglamentos de los 90

Según ha explicado Manzano, la ley actual de Función Pública se aprobó en el año 2015 y a día de hoy no ha llegado a desarrollarse en su totalidad. De hecho, en aspectos como la selección de personal, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo y la clasificación y ordenación del personal se siguen utilizando reglamentos que datan de mediados de la década de los 90.

Por ello, la Junta considera "imprescindible" redactar un nuevo cuerpo jurídico adaptado a la realidad actual, con un nuevo marco tecnológico, académico y laboral que poco tiene que ver con el que había nueve años atrás. "Necesitamos una Administración conectada con la realidad, más cercana, rápida y que solucione problemas", ha defendido Manzano.

La reforma que se plantea ahondará en cuestiones como los procesos de selección de personal, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo y la carrera profesional. Como ya se ha avanzado, contemplará por ejemplo la creación del grupo B, que no existe en la actualidad y permitirá el acceso y reconocimiento de las titulaciones superiores de Formación Profesional.

Esta nueva legislación aspira también a agrupar los puestos de trabajo por áreas funcionales, a agilizar los procesos de provisión de puestos y adecuar la constitución de listas de espera con un sistema de llamamientos basado en el uso de nuevas tecnologías y mayores garantías. A modo de ejemplo, Manzano ha reconocido que hay que ser "mucho más rápidos y muchos más ágiles" en los procedimientos de selección pues, en definitiva, se trata de atender las necesidades de las diferentes consejerías "día a día porque está en juego la prestación de servicios".

Por último, la consejera ha destacado que este proceso de cambio se afrontará escuchando a todos los actores involucrados en la función pública y a las entidades que se muestren dispuestas a participar en él para diseñar la que ha definido como "la función pública del futuro".