El fiscal superior de Extremadura evita posicionarse sobre la querella del novio de Ayuso

El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Francisco Javier Montero Juanes, evitó ayer posicionarse sobre la querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales de alto rango de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos.

Montero ha sido designado para llevar este caso, después de que la número 2 de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Ángeles Sánchez Conde, apartase formalmente a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), María de la O Silva, quien era partidaria de que se admitiera la denuncia frente a la postura de Sánchez Conde, que era favorable de que se archivase. 

«Si se admite a trámite la querella, respecto a lo que no voy a decir nada, desempeñaré las funciones del Ministerio Fiscal como en cualquier procedimiento penal, incluso en el caso de que no se admita», expresó el fiscal cacereño a este diario. «No he tenido nada que decir ni he intervenido en la admisión o no de la querella, por lo tanto, no tengo nada que opinar al respecto», recalcó.

El pasado 25 de abril, Sánchez Conde solicitó que se archivara la querella al no apreciar delito, sin embargo, De la O Silva se mostró en desacuerdo con esa medida e invocó el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que dice que «el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe».

La Junta de Fiscales de Sala respaldó la orden dada por Sánchez, no obstante, en el TSJM no se ha archivado el caso, por lo que se ha decidido que el extremeño se haga cargo de este, al pertenecer a una comunidad autónoma cercana a Madrid. «Quiero que quede absolutamente claro que soy el fiscal del caso, no el abogado defensor de ninguna de las partes, por lo tanto, mi desempeño será el cumplimiento de la ley con objetividad e imparcialidad», subrayó Montero. 

La decisión de la Junta se materializó en un informe y ahora se está pendiente de que la Sala Civil y Penal del TSJM se pronuncie sobre la admisión a trámite o no de esta querella, así como sobre la presentada por los mismos hechos por el Colegio de Abogados de Madrid. «Como fiscal, espero lo mismo que respecto a otro caso, que se tramite con respeto a los derechos de las partes, que se averigüe la verdad material y se adopten las resoluciones que correspondan», señaló. 

González Amador ha emprendido acciones legales contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el de delitos económicos, Julián Salto, después de que la Fiscalía Provincial publicase una nota de prensa en la que daba cuenta de los contactos entre esa misma fiscalía y su abogado, haciendo públicas fechas, horas y contenido de esas comunicaciones.