Del olvido a una segunda oportunidad para seguir llenando de vida El Prado en Mérida

Ya formaba parte del paisaje urbano de la capital extremeña y todos los vecinos de la barriada de El Prado se habían acostumbrado a ver el inicio frustrado del residencial Los Álamos frente a la Escuela de Tráfico de la Benemérita. A Mérida le ha costado darle una segunda oportunidad de uno de sus esqueletos urbanísticos, esos edificios gestados en plena fiebre del ladrillo que el estallido de la burbuja dejó a medio construir. En este tipo de actuaciones, más allá de la inevitable imagen de abandono que lleva asociada, subyace siempre una historia de proyectos fracasados. Cabe destacar que el año pasado por estas fechas la constructora sevillana Heliopol Rusvel adquirió los bloques de piso con el objetivo de terminar las viviendas. Desde entonces han estado trabajando para conseguir la licencia de obras de la primera fase del proyecto ‘Puerta de Trajano’ (se la dieron hace unos meses), limpieza del solar, retirada de escombros, la colocación de una grúa… Y ha levantado un gran interés entre futuros compradores.

Tal como había delantado este diaro, la empresa promotora del proyecto inicial fue Sevinova y desde su quiebra en el 2013 no cesaron las polémicas en torno a su posible conversión en viviendas sociales. Quien adquirió los terrenos fue el Grupo Rusvel, que se define en su página web como «el grupo familiar más antiguo y diversificado de Andalucía». Entre sus áreas de negocio destacan la construcción, el desarrollo inmobiliario o la gestión del agua y los residuos. Según informó el periódico El Economista, la operación de Los Álamos se cerró a través de la división de desarrollos inmobiliarios, RGI, y supuso el desembarco del grupo andaluz en el mercado inmobiliario extremeño. El vendedor de los solares fue la inmobiliaria Coral Homes, propiedad del fondo Lone Star, que cuenta con una amplia cartera del banco Caixabank.

Viviendas okupadas

Como se recordará, estas viviendas emeritenses fueron objeto de okupación por parte del Campamento Dignidad, dentro de las protestas que siguieron a la crisis económica de 2008 contra los desahucios. IU y Podemos siempre han tratado de que la Administración adquiriera los inmuebles, en concurso de acreedores, para transformar los 200 pisos «abandonados a su suerte» en viviendas sociales. Llegaron a presentar incluso iniciativas en la Asamblea extremeña, pero nunca llegaron a buen puerto.