La Audiencia Nacional confirma el bloqueo de las cuentas del principal comisionista del caso Koldo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productor financieros del considerado el principal comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en la causa en la que el Juzgado Central de Instrucción número 2 investiga las comisiones cobradas por la venta de mascarillas durante la pandemia. 

En un auto, los magistrados rechazan el recurso de apelación presentado por el presidente del Zamora CF contra la medida cautelar acordada el 19 de febrero por el juez instructor, Ismael Moreno. La Sala explica que se justifica en la existencia de "elementos indiciarios para considerar verosímil que el investigado habría podido cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias" en relación con los contratos de emergencia durante la pandemia, así como que De Aldama habría “instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación”.

Además, los jueces de la Sección Seguna de lo Penal recuerdan que, según el juez instructor, De Aldama habría obtenido un beneficio económico por las adjudicaciones realizadas por empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes por importe de 5,5 millones de euros. 

El tribunal defiende el bloqueo de la cuentas para evitar la sustracción de bienes del investigado a la acción tutelar del juzgado de instrucción, que quedaría mermada si se accediera a su pretensión de desbloqueo. Especialmente porque, según el juez Moreno, “la investigación ha revelado además, que Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional”.

Añadía en su auto para proceder al bloqueo que “del análisis preliminar de las cuentas bancarias de Juan Carlos Cueto [considerado el cabecilla de la trama desarticulada en la operación Delorme] y Víctor Gonzalo de Aldama y de los entornos societarios controlados por ambos investigados existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos”. 

Por todo ello, la Sala concluye que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas. Todo ello, advierte, “sin perjuicio de que el avance de la instrucción fortalezca o debilite estos indicios; y un debilitamiento podría conducir a un replanteamiento de la medida cautelar impugnada“.