Moncloa se desmarca de Bustinduy por las amenazas a las empresas que colaboran con Israel: “No es el Gobierno"

El socio mayoritario del Gobierno desconocía la serie de cartas que iban a mandar desde Sumar a empresas españolas con negocios en Israel para advertirles sobre el riesgo de estar contribuyendo a las vulneraciones de derechos humanos en Gaza y el resto de Palestina. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha confirmado este martes que ha comenzado a enviar esas misivas, ateniéndose a los compromisos en derecho internacional firmados por España, tal y como ha adelantado El Diario.

Pero ni Moncloa ni el Ministerio de Exteriores sabían de esta iniciativa, que ha tomado el ministro de Sumar de forma unilateral y en uso de las competencias del cargo, según ha podido confirmar este diario.

"Es la primera noticia que tenemos de esa carta", aseguran desde Exteriores a preguntas de este diario. "No entendemos qué quiere decir con 'el Gobierno'", añaden. Fuentes de Moncloa llaman también la atención sobre la "literatura" de la misiva para hacer ver en que no fue previamente acordada.

El departamento de Bustinduy ha enmarcado la iniciativa "como una acción más en la línea política del Gobierno de España" de búsqueda de soluciones al conflicto. Desde la diplomacia española insisten en que la posición del Gobierno "es clara sobre Gaza, Palestina y el reconocimiento", pero que "también es clara nuestra posición de que el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español".

El Ministerio de Bustinduy asegura que se hace en el "marco de las competencias de este ministerio y de las reiteradas peticiones de diversos organismos internacional a que los estados hagan lo posible por detener el genocidio", explican a este diario. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ordenó medidas cautelares para evitar que Israel incurra en el delito de genocidio. El Tribunal Penal Internacional tiene ya sobre la mesa la posibilidad de emitir órdenes de arresto contra líderes de Israel y Hamás. "Creemos que toda acción que pueda contribuir a lograr el fin del genocidio es buena. Este ministerio no está acusando a ninguna empresa de nada. Solo está pidiendo información", aseguran.

El Ministerio de Economía también dice desconocer el "comunicado" enviado por Derechos Sociales y subraya, por su parte, la posición crítica con Israel del Gobierno y en favor de la petición de alto el fuego. "En general, tenemos muy claro desde el Gobierno nuestra visión con respecto a la situación en Gaza y al desarrollo y a la importancia del mantenimiento de los derechos humanitarios en la zona", aseguró esta mañana Carlos Cuerpo. "Por ello es por lo que estamos peleando a nivel internacional también. No solo para que haya un alto el fuego, sino para que cese toda esta violencia"

CAF y COMSA, entre otras

No se conocen las empresas a las que el ministro ha enviado las cartas. Pero hay varias que participan en la construcción de un polémico tranvía en Israel que tiene paradas en los asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén, levantados sobre territorio palestino ocupado.

Hay al menos cuatro las empresas españolas involucradas en la construcción de las nuevas líneas de tranvía en Jerusalén que llegan a territorio palestino ocupado por Israel: CAF, COMSA, GMV y TYPSA.

La última en conseguir parte del proyecto fue la catalana COMSA, que ganó, el pasado septiembre, un concurso de 2.200 millones para, junto a sus socios israelíes de J-Train, levantar y mantener durante los próximos 35 años la nueva línea azul de tranvía en la Ciudad Santa, según ha adelantado el diario Noticias de Israel, que cita al ministerio de Hacienda del país. La empresa vasca CAF y su socia israelí Shapir ya trabajan en otras dos líneas, la roja y la verde, que también conectan con las colonias israelíes.

La participación de las empresas españolas en estos proyectos es fuertemente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional o el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que consideran que consolidan la ocupación israelí del territorio palestino. En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto de tranvía, dado que viola varias de sus resoluciones y otras empresas ferroviarias internacionales descartaron acudir al concurso público, según Amnistía Internacional.

Tensiones entre los socios

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pidió tanto a CAF como a GMV que presentaran, antes de un año, el análisis de un “tercero independiente” para evaluar el impacto de su trabajo en la población ocupada. El gigante ferroviario español CAF respondió con un informe, adelantado por este diario, en el que se concluye que “las actividades de CAF en Jerusalén Oriental no sugieren un escenario de fallo de sus sistemas de debida diligencia en materia de derechos humanos”. En el texto se eluden las explicaciones sobre la implicación que tiene la construcción de la línea férrea en la ocupación del territorio.

Este choque entre los socios de coalición se suma al producido en los últimos días a cuenta de la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun. Desde Moncloa reconocen que su eliminación es una competencia del ministerio de Sumar, pero no comparten la decisión. El premio se creó bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como recordó este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para quien la tauromaquia “no corre ningún riesgo” con este Ejecutivo porque “tiene protección” y está considerada patrimonio histórico cultural.