Primer juicio en Badajoz por trata y explotación laboral: piden hasta 30 años de prisión

El primer caso de trata de seres humanos con fines de explotación laboral que se juzga en la Audiencia Provincial. Los hechos se remontan a agosto de 2019 y hay dos acusados y tres víctimas. En cuanto a los demandados, el primero de ellos, de origen portugués, no compareció en el juicio de este jueves porque está en busca y captura (en situación de rebeldía); se trata de la expareja de la segunda implicada, de origen venezolano, que sí acudió a la sala y se declaró inocente. Ella lo denunció a él por violencia de género, por lo que se decretó orden de alejamiento.

Tras los hechos expuestos en la Audiencia, en los que se habló de captación para traer a España a las tres supuestas víctimas desde México con la promesa de un puesto de trabajo, así como de engaño, servidumbre y chantaje, la Fiscalía mantuvo su petición de hasta 30 años de cárcel para la acusada.

En concreto, solicita tres años por cada una de las víctimas por un delito contra los derechos de los trabajadores, un año de prisión por cada uno por un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y seis años por cada uno por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, además de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos

Según los relatos expuestos, las tres supuestas víctimas, un hombre mexicano y dos mujeres venezolanas, llegaron a España a través de una carta de invitación por parte de la acusada, que lleva en el país desde 1996. Esta y una de las mujeres denunciantes (la pareja del varón mexicano) se conocieron por Facebook y a raíz de ahí decidieron salir. Volaron desde Cancún a Lisboa, y desde ahí viajaron hasta Badajoz.

Esa mencionada carta de invitación tiene un precio de 94 euros, pero los demandantes aseguraron que se les cobró más de 300. Asimismo, también declararon que por el viaje desde Lisboa pagaron 110 euros cada uno. La acusada se defendió explicando que esa gestión la llevó su expareja y no ella.

Una vez en Badajoz, los tres se fueron a vivir a casa de ella, donde fueron «obligados» a servicios personales como «hacerle la pedicura o quitarle la caspa». Además, tuvieron que trabajar en el bar que tenía con su expareja «sin horarios ni sueldo». El local se llamaba Nuevo Marítimo y estaba ubicado en San Roque.

La «promesa» que les hizo la acusada fue el empadronamiento, trámite fundamental para legalizar la estancia en el país. Por esto les cobró 277 euros, según las víctimas, pero después solo cedió su dirección para él y no para ellas.

Asimismo, tras convivir los tres en la misma casa con la acusada, esta los derivó a un piso en Los Colorines que una conocida le había ofrecido de manera gratuita. Les impuso un alquiler de 600 euros. La citada conocida también declaró este jueves en el juicio y afirmó que nunca había visto trabajar en el bar a ninguno de los demandantes.

A Oporto «de camareras»

También, a las dos mujeres venezolanas les planteó la posibilidad de marcharse a trabajar a Oporto de camareras, pero cuando llegaron al local se encontraron con un prostíbulo. A la mañana siguiente, sin que nadie las retuviera, se volvieron. Ambas declararon que nunca han ejercido la prostitución.

Para el billete de vuelta de Oporto tuvieron que empeñar un anillo, porque ya se habían quedado sin dinero. Desde México llegaron con un colchón económico aceptable, pero se les fue agotando.

Retención en la calle

Fue justo después de ese viaje cuando la Policía Nacional, dentro del control que se hace a ciudadanos extranjeros, los paró en la calle. En los datos oficiales aparecían tres cartas de invitación pero solo una persona empadronada; y de ahí las sospechas. Y fue en ese momento cuando ellos decidieron denunciar la situación que estaban viviendo.

Según los agentes que declararon este jueves, tras los testimonios llegaron a la conclusión de que había indicios de ser víctimas de trata con fines de explotación laboral, por lo que les explicaron que, si colaboraban con la policía, tendrían derecho a un permiso de residencia temporal, una medida de protección para quienes están en situación de vulnerabilidad.

La defensa

Ante la pregunta de la abogada de oficio Alicia Correa Santos, que ejerce la defensa de la acusada, de por qué no se rebelaron teniendo dinero en ese momento así como todos los documentos personales en su posesión y libertad de movimiento, los testigos declararon «desconocimiento de cómo funcionan las cosas en otro país» y «miedo» en parte por la amenaza del hijo de la acusada y por el pasado de su expareja. Además, el demandante mexicano ya había sido víctima de extorsión y secuestro en su país.

No obstante, la abogada argumentó que la finalidad de la denuncia de las supuestas víctimas era «conseguir la residencia» y evitar así ser expulsados. Igualmente, expuso que su clienta no era dueña del citado bar, sino que trabajaba «de forma abusiva» en el mismo. Y que no está acreditada la labor de los demandantes en el local de hostelería. 

El juicio quedó visto para sentencia.